La Córdoba de Llaryora cruje por abajo: suspensiones, salarios recortados y el costo silencioso de acompañar a Milei

Mientras el gobernador intenta vender equilibrio y gestión, el empleo formal en la provincia muestra otra postal: más de 7.200 trabajadores ya quedaron atrapados en procedimientos de crisis, con empresas que recortan jornadas, pagan salarios parciales y ajustan sin hacer demasiado ruido.

La crisis del empleo formal empezó a comerse el relato cordobés por los bordes. En la provincia que Martín Llaryora exhibe como ejemplo de producción, orden y moderación, ya son 7.247 los trabajadores registrados alcanzados por Procedimientos Preventivos de Crisis. Traducido del dialecto burocrático: suspensiones, reducción de jornada, quitas salariales y acuerdos de supervivencia para evitar despidos masivos. El ajuste, cuando se escribe en expediente, parece menos cruel. Es una de sus tantas virtudes estéticas.

El salto no es menor. Hace apenas unas semanas, los afectados eran 6.302. Ahora la cifra creció un 15% y alcanza a 73 empresas, con epicentro en Córdoba Capital pero con ramificaciones cada vez más visibles en el interior. Comercio, metalurgia, construcción, alimentos, servicios, transporte, logística, seguridad privada y autopartistas aparecen en la lista de sectores golpeados. En varios acuerdos, los trabajadores cobran entre el 50% y el 75% de sus ingresos mediante sumas no remunerativas. El sueldo completo, esa extravagancia vintage que alguna vez tuvieron las clases medias.

El dato tiene una incomodidad política evidente para el gobernador. Llaryora viene jugando al equilibrista perfecto: critica algunos recortes de la Nación, pero evita romper con Javier Milei; se presenta como cordobesista puro, pero abre puertas al macrismo; habla de producción, pero en su provincia crecen las suspensiones. La postal es especialmente filosa en San Francisco, su tierra política, donde cinco empresas aparecen involucradas en expedientes de crisis y el entramado industrial-autopartista mira el futuro con la alegría de quien revisa el resumen de la tarjeta después de las vacaciones.

En el Gobierno provincial intentan despegarse y apuntan a la caída del consumo, la apertura importadora y la retracción industrial. Todo cierto, pero incompleto. Porque la pregunta que empieza a circular en despachos, sindicatos y empresas es menos técnica y bastante más brutal: ¿cuánto margen tiene Llaryora para denunciar el ajuste nacional si, al mismo tiempo, eligió no enfrentarlo de lleno? La Córdoba productiva que prometía blindarse contra la motosierra hoy parece descubrir que el ruido también llega al interior. Y que cuando el modelo Milei aterriza en una fábrica, no pregunta si el gobernador sacó foto con casco, chaleco y sonrisa de gestión.

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