El Gobierno volvió a demostrar que en materia tarifaria la motosierra también puede funcionar como calculadora. A través de una resolución oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad corrigió un “error material” en los cuadros de Edenor y habilitó aumentos que, en algunos segmentos de la categoría General, trepan por encima del 40%. En castellano brutal: el Estado calculó mal, descubrió tarde el problema y ahora los usuarios deberán pagar la diferencia. La eficiencia, pero con boleta adjunta.
La rectificación alcanza a usuarios no residenciales, es decir comercios, empresas, industrias, profesionales y actividades económicas que ya venían haciendo equilibrio entre alquileres, salarios, caída del consumo, impuestos y servicios. El problema se originó en los valores aplicados desde el 1° de junio: para la categoría General se habían tomado precios de energía y potencia con subsidio, cuando correspondían valores plenos. El Gobierno lo presentó como una corrección técnica. Para el que paga la factura, en cambio, se parece bastante a descubrir que el Excel oficial también tiene vida propia y sentido del humor sádico.
Los nuevos valores por kilovatio hora muestran el tamaño del volantazo: el segmento G1 pasa de $176,194 a $252,091; el G2, de $193,444 a $269,343; el G3, de $182,648 a $258,544; y el G4, de $180,029 a $255,926. El incremento no llega solo: se monta sobre el esquema de aumentos de julio, con una suba promedio del 1,5% para electricidad en el AMBA y ajustes en gas que también llegaron en el mes de mayor consumo invernal. Mientras tanto, para los hogares subsidiados se amplió la bonificación eléctrica al 16,59% sobre un consumo base de 300 kWh mensuales, una suerte de curita administrativa sobre una herida que no deja de abrirse.
En el sector pyme la corrección cayó como una mala noticia con membrete oficial. No se trata de una discusión abstracta sobre cuadros tarifarios, sino de costos fijos que se trasladan a persianas, heladeras comerciales, talleres, panaderías, pequeñas fábricas y negocios de barrio. El Gobierno promete ordenar las cuentas públicas, pero en el camino dejó una postal difícil de explicar: primero se equivoca el regulador, después se publica la enmienda y finalmente paga el usuario. La Argentina descubrió una nueva categoría económica: el tarifazo por fe de erratas.