Un caballo duerme en un campo del Conurbano. Tiene nombre, dueño, años de crianza y alguien que lo alimenta todas las mañanas. Horas después puede ser un charco de sangre, una cabeza abandonada y varios cientos de kilos de carne repartidos en bolsas. La secuencia parece escrita para una película de terror rural de presupuesto miserable, pero es la modalidad que denuncian organizaciones proteccionistas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires: roban los animales de noche, los trasladan, los faenan clandestinamente y hacen desaparecer la carne antes de que la Justicia consiga firmar un allanamiento.
Según la Asociación Contra el Maltrato Animal, solamente durante el último mes pudieron comprobarse entre 25 y 30 caballos faenados. Hubo episodios en San Vicente, Ezeiza, Cañuelas, Spegazzini, General Rodríguez y Pilar. Los ladrones pueden llevarse cinco ejemplares de una sola vez. Algunos pertenecían a establecimientos de polo; otros eran utilizados para actividades recreativas o terapéuticas. Después aparecen los restos. Una cabeza. El cuero. Patas. Huesos. Lo demás ya salió de escena. No por pudor: porque tiene precio.
Y ahí empieza la parte verdaderamente desagradable. El presidente de ACMA aseguró que la carne obtenida de esos animales termina ingresando ilegalmente en carnicerías del Gran Buenos Aires y puede venderse como carne vacuna. El caballo robado prácticamente no tiene costo para la banda; una vez muerto, trozado y mezclado dentro de un circuito clandestino, cada kilo adquiere valor comercial. La transformación es rápida y brutal: de mascota a mercadería, de mercadería a mostrador y, potencialmente, del mostrador a una mesa donde nadie pidió caballo. La trazabilidad, en algún momento de ese recorrido, fue sacrificada bastante antes que el animal.
El negocio funciona además contra reloj. Los propietarios denuncian, localizan animales, avisan a la Policía y esperan órdenes judiciales mientras quienes los robaron necesitan apenas unas horas para matarlos y cortar el cuerpo. ACMA sostiene que la demora puede hacer que un caballo identificado con vida ya no exista cuando finalmente llega el allanamiento. Después queda investigar dónde fueron a parar cientos de kilos de carne producida sin controles sanitarios, sin frigorífico habilitado, sin documentación y sin que el consumidor tenga manera de conocer su procedencia.
El fenómeno aparece, además, en una economía donde los últimos datos oficiales mostraron una caída interanual del 2,1% en las ventas reales de supermercados en julio y un retroceso del 2,9% mensual de la actividad económica. No hay evidencia para atribuir esos robos a la política económica de Javier Milei. Pero la imagen consigue resumir una época con una eficacia bastante obscena: mientras el Gobierno discute recuperación, inflación y consumo, en algunos campos bonaerenses la gente se levanta para comprobar que su caballo siga vivo y, en algunas carnicerías clandestinas, la pregunta ya no sería cuánto cuesta el kilo sino qué demonios hay adentro de la bolsa.