Durante siglos el viento fue una de esas pocas cosas que todavía podían circular por la Argentina sin pasar por una ventanilla municipal. Eso, aparentemente, también tenía fecha de vencimiento. Olavarría aprobó una tasa sobre la generación de energía renovable que alcanzará a los parques eólicos instalados en el distrito y que, según cálculos difundidos por la oposición, podría aportar entre US$ 360.000 y US$ 380.000 anuales a las arcas locales. Técnicamente se trata de una Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene. Políticamente, sus adversarios encontraron un nombre bastante más eficiente para las redes: “impuesto al viento”.
La ordenanza 5901/26 fija pagos de entre US$ 700 y US$ 850 anuales por cada megavatio de potencia instalada, según la capacidad de los aerogeneradores. Olavarría tiene cuatro parques eólicos y 82 molinos, pertenecientes a proyectos vinculados con YPF Luz, Ternium, Tenaris, PCR y ArcelorMittal Acindar. El municipio, encabezado por Maximiliano Wesner, sostiene que simplemente incorporó a la generación renovable a una tasa que ya pagan otras actividades económicas. La curiosidad jurídica apareció porque la medida fue impulsada durante los meses en que había vencido la prohibición nacional de crear nuevos gravámenes sobre el sector renovable y antes de que el Congreso prorrogara nuevamente ese régimen de promoción hasta 2045.
La discusión se volvió todavía menos aburrida, un mérito siempre difícil cuando intervienen ordenanzas fiscales. El oficialismo y la oposición quedaron empatados en el Concejo Deliberante y la iniciativa terminó aprobándose con el voto de desempate de la presidencia. Los bloques opositores denunciaron el procedimiento ante el Tribunal de Cuentas bonaerense y sostienen que una ordenanza impositiva requería mayoría absoluta y que el voto doble no alcanzaba para cubrir esa exigencia. También cuestionaron modificaciones incorporadas poco antes de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. La controversia, por lo tanto, ya no pasa solamente por decidir cuánto cuesta el viento sino por determinar si el municipio podía ponerle precio de esa manera.
Y entonces apareció el giro argumental que ningún guionista de sátira tributaria se hubiera animado a presentar: empresas del grupo Techint apoyaron la ordenanza. Ternium y La Rinconada enviaron notas respaldando el esquema porque incluye una garantía de estabilidad fiscal durante veinte años, es decir, una promesa de que la carga no aumentará en términos reales durante ese período. En otras palabras, las empresas que deberán pagar prefirieron comprar previsibilidad antes que iniciar una guerra contra el municipio. Olavarría, que desde hace décadas cobra el llamado “impuesto a la piedra” por la explotación de canteras, encontró así un nuevo recurso natural para incorporar a la conversación tributaria. Primero fue la piedra. Ahora llegó el aire. El cielo, por el momento, continúa sin nomenclador fiscal conocido.