El traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una de las reformas que el Gobierno daba por descontadas, quedó empantanado en el Senado tras una decisión política de Victoria Villarruel. La vicepresidenta evitó acelerar el tratamiento del proyecto y abrió una etapa de consultas que, en la práctica, dilató los tiempos y encendió alertas en la Casa Rosada, donde el tema figuraba como parte del paquete de ordenamiento institucional avalado por Javier Milei.
El traspaso del fuero laboral es un reclamo histórico del Gobierno porteño y una deuda pendiente desde la reforma constitucional de 1994, pero su avance volvió a chocar con resistencias políticas y corporativas. En el Senado, Villarruel dejó trascender que existen reparos de senadores del interior y advertencias de sectores sindicales sobre una eventual pérdida de competencias nacionales. El argumento no es nuevo, pero volvió a ganar centralidad justo cuando el oficialismo buscaba mostrar capacidad de ejecución legislativa.
En los pasillos del Congreso circula otra lectura, menos jurídica y más política. La vicepresidenta estaría administrando el tema como parte de una negociación más amplia con el Ejecutivo, en un vínculo que sigue marcado por la desconfianza. Senadores libertarios admiten en privado que ninguna iniciativa relevante avanza sin pasar antes por el filtro político de Villarruel, que se mueve con autonomía y mide costos internos antes de habilitar cada paso.
El resultado es un nuevo cortocircuito dentro del oficialismo, que expone las dificultades del Gobierno para ordenar su propio frente legislativo. Mientras Milei insiste en acelerar reformas estructurales, el Senado avanza a otro ritmo. Y el traspaso del fuero laboral, presentado como un trámite institucional, volvió a funcionar como termómetro de una interna que el Gobierno prefiere no reconocer, pero que se repite cada vez con menos disimulo.