El asado vuelve a correrse del plato. El kilo de lomo, que hace apenas meses era invocado como símbolo de normalidad cuando Pedro de Angeli hablaba de “doce dólares”, hoy ya roza los veinte y sigue escalando junto con el resto de los cortes. En un país cuya identidad culinaria se organiza alrededor de la carne vacuna, la suba no es sólo un dato de inflación sectorial: es un termómetro social. La distancia entre salarios públicos de la cúpula política y los ingresos reales de la mayoría convierte cada aumento en una escena de disonancia estructural.
El vocero presidencial Manuel Adorni, Secretario de Comunicación y Medios de la Nación, percibe alrededor de 10 millones de pesos mensuales. Un diputado nacional ronda los 18 millones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alcanza los 20 millones. En la otra punta de la pirámide, jubilados que cobran en torno a 400 mil pesos y personas con discapacidad que no llegan a 350 mil miran cómo el kilo de carne premium se vuelve directamente inaccesible y cómo incluso los cortes “populares” se indexan por encima de cualquier recomposición. La ecuación es brutal: mientras los ingresos políticos flotan en dólares, el consumo proteico básico se dolariza para quienes viven en pesos depreciados.
Supermercadistas del conurbano y del interior describen una escena que ya no se limita a la carne: aumentaron los robos de leche y yogur, los postres lácteos se vencen en góndola porque dejaron de ser compra impulsiva y las pymes proveedoras recortan reposición porque la rotación se desplomó. “No es que la gente elige otra marca: directamente no lleva”, sintetiza el dueño de una cadena barrial. En paralelo, pequeños frigoríficos y almacenes hablan de stock inmovilizado y de clientes que piden fiado para un kilo de picada. La carne sube, los salarios bajos se licúan y el mercado interno vuelve a crujir.