La escena fue breve y eficiente, casi un tutorial: organizaciones del sector de discapacidad se concentraron en Plaza de Mayo para exigir la regularización de pagos y la actualización de aranceles que, según denuncian, llevan meses perdiendo contra la inflación. La respuesta fue inmediata: presencia policial, tensión controlada y desalojo en pocos minutos. El problema, en cambio, se quedó.
“Hace tres meses que no cobramos y seguimos yendo igual, porque si no vamos nosotros, no va nadie”, dijo una acompañante terapéutica. Un transportista resumió el cuadro con menos eufemismos: “La nafta la ponemos nosotros, el desgaste lo ponemos nosotros y el Estado paga cuando puede”. Desde un centro de día, una coordinadora advirtió que están “reduciendo prestaciones para no cerrar” y que hay profesionales que ya se fueron del sistema. “No es vocación, es supervivencia”, deslizó.
El trasfondo es menos visible pero bastante más estructural: demoras en pagos de programas nacionales, nomencladores desactualizados y una cadena que empieza a quebrarse en todos sus eslabones. “El sistema está sostenido por gente que trabaja a pérdida”, explicó un referente del sector en diálogo con radios porteñas. “Cuando eso se termine, no hay plan B”. Mientras tanto, fuentes de Seguridad hablaron de “ordenar el espacio público”, una prioridad que, al menos en este caso, sí logró resultados inmediatos.
La Plaza quedó despejada y la circulación volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. “Nos sacaron en diez minutos; el problema lleva años”, dijo una madre que participó de la protesta. En redes, la síntesis fue todavía más filosa: “No hay presupuesto para discapacidad, pero sí para que no se note”. Una postal incómoda de un sistema que, por ahora, sigue funcionando gracias a quienes todavía no se bajaron.