El pacto anunciado por la Casa Blanca promete reglas claras y beneficios recíprocos. En Buenos Aires resaltan la apertura para recursos naturales, acero, aluminio y la cuota de 80.000 toneladas de carne, junto con reducciones arancelarias largamente reclamadas. Sin embargo, en ámbitos reservados admiten que el acceso real a ese mercado quedará condicionado por exigencias técnicas dictadas íntegramente desde Washington.
La contracara del entusiasmo aparece al analizar la apertura del mercado local a maquinaria, tecnología, medicamentos, dispositivos médicos, autos y bienes agropecuarios estadounidenses, así como la aceptación directa de estándares regulatorios y autorizaciones de la FDA. Oficialmente se habla de “modernización”, aunque en privado la lectura es menos decorosa. Un funcionario que participó de las reuniones, bajo pedido de absoluta reserva, lo sintetizó sin rodeos: “Nos rompieron el orto.”
El paquete se completa con capítulos sobre propiedad intelectual, comercio digital, medio ambiente y derechos laborales, presentados como un avance institucional. No obstante, varias voces internas reconocen que la orientación de esos cambios no se definió en Buenos Aires. Por ahora, la línea oficial insiste en el equilibrio; la interna, en cambio, prefiere el silencio. Y en ese contraste se adivina el verdadero costo político del acuerdo.