La sucesión de episodios alrededor de Manuel Adorni empezó a incomodar en serio en la cima del poder. Según versiones que circularon en despachos oficiales, Karina Milei habría decidido bajarlo de su festejo de cumpleaños como señal de fastidio por el impacto político de las últimas revelaciones. No se trataría de un gesto menor: en el esquema libertario, donde la lealtad y la disciplina comunicacional son activos centrales, el vocero habría cruzado una línea invisible.
El primer foco de tensión fue la compra de un departamento en Caballito, una operación que derivó en preguntas incómodas sobre su financiamiento. De acuerdo a reconstrucciones periodísticas, el crédito habría involucrado a dos acreedoras privadas, un dato que por sí solo no sería irregular, pero que alimentó sospechas en un contexto donde cada movimiento patrimonial es leído en clave política. A eso se sumó la versión de que el funcionario habría registrado préstamos provenientes de su madre jubilada para justificar otra propiedad, una ingeniería financiera que recordó a maniobras utilizadas históricamente para blanquear activos.
Como si faltara algo para completar el cuadro, apareció la escena que terminó de convertir el tema en tendencia: el despliegue de una custodia policial desproporcionada frente a su domicilio ante una clase pública de docentes de la UBA. Las imágenes y relatos que circularon hablaron de hasta 60 efectivos, móviles y un operativo digno de una cumbre internacional para contener una actividad académica. El contraste fue demasiado tentador para redes y opositores, que lo transformaron en símbolo de desconexión con la realidad.
En la Casa Rosada el diagnóstico sería cada vez más crudo: el problema ya no es un episodio aislado, sino la acumulación. En un gobierno que construyó su narrativa sobre la austeridad, la transparencia y el rechazo a los privilegios, el combo de propiedades, préstamos familiares y despliegues policiales genera un ruido que nadie quiere amplificar. Por ahora, Adorni sigue en su puesto y mantiene el libreto oficial. Pero en política argentina, cuando empiezan a cancelar invitaciones, suele ser porque la fiesta ya cambió de dueño.