La sucesión presidencial dejó de ser una conversación reservada para 2027 y se metió en el corazón del oficialismo. Patricia Bullrich dijo que está preparada para ser presidenta. Aclaró que no es candidata, pero también reclamó un acuerdo político urgente para garantizar la gobernabilidad. En un Gobierno acostumbrado a exigir alineamiento absoluto, la palabra «urgente», pronunciada por una de sus principales figuras, encendió las alarmas. La discusión sobre quién podría reemplazar a Milei empezó antes de que el Presidente termine su mandato.
La Casa Rosada intenta contener un conflicto que ya no se limita a rumores. Los cuestionamientos de Bullrich a la economía y a la estrategia política incomodan a sectores libertarios. Cerca de Milei crecen las dudas sobre una eventual fórmula conjunta y algunos dirigentes empiezan a cuestionar públicamente su aporte electoral. La exministra no rompió con el Presidente. Algo todavía más incómodo: tampoco se calla. Mientras el Gobierno necesita exhibir fortaleza, una de sus figuras más importantes reclama cambios y se presenta como una alternativa. La disputa expone una contradicción difícil de disimular: los encargados de garantizar la continuidad del proyecto ya discuten cómo administrarlo sin su fundador.
En la provincia de Buenos Aires, el PRO tampoco corre a ponerse detrás de Bullrich. Cristian Ritondo reorganiza el partido, reúne legisladores e intendentes y prepara su estrategia para 2027. La estructura que la senadora abandonó para incorporarse a La Libertad Avanza conserva sus dirigentes, sus intereses y su capacidad de negociación. Así, mientras Bullrich mantiene abierta la puerta de una candidatura, sus antiguos compañeros le recuerdan que tener aspiraciones presidenciales no significa contar con un partido dispuesto a acompañarlas.
El resultado es una disputa de poder que amenaza con ocupar la agenda oficial mucho antes de que comience la campaña. Milei necesita disciplinar a sus aliados, Bullrich reclama autonomía y el PRO intenta evitar su desaparición política. Ninguno anunció una ruptura definitiva, pero las señales de desgaste son públicas. El Presidente todavía habla de cuatro años más. Sus socios, mientras tanto, empezaron a discutir quién podría ocupar su lugar. Y para un gobierno que hizo de la obediencia una virtud, descubrir que sus propios aliados ya contemplan alternativas constituye un problema que ningún discurso contra la casta puede resolver.