La Justicia resolvió sobreseer a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual iniciada por su exsecretaria privada, Melody Rakauskas, en un giro que sorprendió incluso a operadores judiciales acostumbrados a los finales abruptos.
El expediente se cerró luego de que la denunciante quedara sin representación legal, lo que permitió dar por “caída” la acción penal. Así, el intendente más poderoso del conurbano evitó el juicio oral pese a haber estado procesado y con esa decisión confirmada por instancias superiores.
En los pasillos de Tribunales, sin embargo, nadie habla de casualidad.
Según versiones que circularon en despachos judiciales y chats de abogados, el cierre habría sido el resultado de una serie de gestiones informales que incluyeron llamados cruzados, intermediarios discretos y movimientos para dejar a la querella sin respaldo técnico. Nada figura en el fallo. Todo aparece en el rumor.
Algunos incluso sostienen que el caso empezó a “enfriarse” cuando el escenario del juicio oral se volvió inevitable y el nombre del jefe comunal empezó a sonar con demasiada fuerza en medios y redes. A partir de ahí, dicen, el expediente entró en una zona gris.
La denuncia original, presentada en 2021, describía episodios ocurridos en el departamento del intendente durante supuestos encuentros laborales. Hubo mensajes, testimonios y elementos que alcanzaron para procesarlo. No alcanzaron para sentarlo frente a un tribunal.
El desenlace reavivó la bronca digital: en X y WhatsApp se multiplicaron los posteos que hablan de “blindaje político” y de una Justicia que acelera o frena según el peso específico del acusado. La pregunta que se repite, con ironía amarga, es siempre la misma: ¿cuántas chances reales tiene una denunciante cuando enfrente hay un barón territorial?
Por ahora, Espinoza quedó técnicamente limpio. El expediente, archivado. Y la sensación que flota es conocida: otra causa que se apaga justo cuando empieza a arder.