La administración de Hurlingham quedó en el centro de la escena tras la suspensión de la distribución de unas 30 mil cajas de alimentos destinadas a alumnos de escuelas públicas. La medida impacta de lleno en el programa MESA, un esquema de asistencia alimentaria que garantizaba la entrega periódica de módulos con productos básicos a familias del distrito.
En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre la incorporación de al menos 100 militantes vinculados a La Cámpora a tareas de guardia urbana. Aunque no hubo confirmación oficial, fuentes reservadas del municipio deslizaron que los ingresos se habrían concretado en las últimas semanas. “Se corta comida y se amplía estructura política”, resumió, con evidente fastidio, un trabajador del área social.
El contraste alimentó tensiones internas. Según trascendidos, la suspensión del programa MESA respondería a la necesidad de “ordenar cuentas” en un contexto fiscal ajustado. Sin embargo, dentro de la propia gestión algunos funcionarios cuestionan la priorización del gasto. “Es difícil explicar por qué se toca lo más sensible mientras se suman cargos”, habría señalado otra fuente con acceso a la estructura municipal.
En escuelas y barrios, la noticia empezó a correr sin intermediarios. Directivos, auxiliares y familias habrían recibido la novedad de forma informal, lo que incrementó la incertidumbre sobre la continuidad de la asistencia. Con menos cajas en circulación y más nombres en la nómina estatal, la ecuación política en Hurlingham empieza a mostrar un resultado incómodo incluso para sus propios protagonistas.