El retiro de los cuadros de Juan Domingo Perón y Eva Perón de la Casa Rosada se cocinó como una decisión estética, aunque en los pasillos nadie la compra del todo. La movida, que se presentó como un “reordenamiento simbólico”, cayó justo cuando el vocero Manuel Adorni quedaba envuelto en explicaciones sobre la existencia de otra propiedad no mencionada inicialmente en su declaración pública.
En el Gobierno insisten en que ambos temas no tienen relación, lo cual, en política argentina, suele ser la forma más elegante de admitir que el problema es exactamente ese. “Se mezclaron dos agendas que no tenían por qué cruzarse, pero ahora es imposible separarlas”, reconoció un funcionario con oficina cerca del Patio de las Palmeras. Otro fue más directo: “Sacamos cuadros para bajar la carga ideológica y terminamos discutiendo departamentos”.
El trasfondo no ayuda. Mientras la administración busca despegarse de la simbología peronista y construir un relato propio, cada gesto queda bajo lupa. La revelación sobre la propiedad de Adorni, que habría surgido tras nuevas consultas periodísticas, activó ruido interno y obligó a recalcular la estrategia comunicacional. “No es ilegal, pero es inoportuno”, resumió una fuente oficial, como si la política fuera un concurso de timing fallido.
En paralelo, el debate sobre qué colgar en las paredes de la Rosada sigue abierto. Se mencionan próceres “menos conflictivos”, imágenes institucionales o directamente paisajes neutros. “La idea es no generar polémica”, dicen. El problema es que, por ahora, la única certeza es la polémica misma: un Gobierno que intenta vaciar de símbolos el edificio más cargado de historia del país mientras se llena de explicaciones que nadie pidió.