Detrás de los récords productivos de Vaca Muerta apareció una pregunta bastante menos exportable: qué gas está llegando a los hogares argentinos. La Justicia investiga si la modificación regulatoria aprobada durante el gobierno de Javier Milei, que amplió los parámetros admitidos para incorporar el combustible neuquino a las redes sin el tratamiento anteriormente exigido, pudo aumentar el riesgo de combustiones defectuosas en artefactos domésticos. La resolución elevó progresivamente el Índice de Wobbe y el poder calorífico permitido para adaptar el sistema a un gas con mayor presencia de etano. Una solución maravillosamente libertaria: como el producto no cumplía con la regulación, se modificó la regulación hasta que cumpliera.
Las cifras aportaron la parte menos graciosa del experimento. Durante las primeras 25 semanas de 2026 se notificaron 781 intoxicaciones por monóxido, 54 más que en el mismo período de 2025, y doce personas murieron. Buenos Aires pasó de 173 a 251 casos y Mendoza, de 67 a 112. Los números no demuestran todavía una relación causal con la nueva composición del combustible, pero fueron incorporados a la denuncia contra el exinterventor Carlos Casares. Especialistas del sector cuyos nombres no fueron difundidos explicaron que muchos calefones, estufas y equipos industriales fueron diseñados para trabajar con otra calidad de gas y que una combustión incompleta puede volver amarilla la llama y aumentar la producción de monóxido. En ámbitos técnicos también admiten, bajo reserva, que la convivencia entre un combustible modificado y un parque de artefactos envejecido merecía controles previos bastante más rigurosos. Pero controlar demora inversiones, y respirar parece haberse convertido en una responsabilidad individual.
Casares rechazó cualquier vínculo entre la flexibilización y las intoxicaciones y responsabilizó al deterioro de las instalaciones, las ventilaciones obstruidas, los conductos defectuosos y la falta de mantenimiento. El Estado cambió las condiciones del combustible para favorecer su explotación comercial, pero si alguien termina en una guardia la culpa sería del calefón de la abuela: el mercado produce progreso y el monóxido, curiosamente, siempre nace en el baño. El exfuncionario reconoció, además, que todavía faltan una revisión periódica obligatoria de las instalaciones domiciliarias y un sistema de certificación para los detectores vendidos en el país. Primero se modificó el gas y después quedó pendiente verificar las viviendas y comprobar que funcionaran las alarmas. La causa deberá establecer si hubo relación entre ambas cosas; mientras tanto, el monóxido conserva una ventaja formidable sobre el Gobierno: no necesita una cadena nacional para dejar a todos sin aire.