El oficialismo que responde a Javier Milei decidió avanzar sin demasiados rodeos con la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso, pese a una catarata de objeciones legales y técnicas que, puertas adentro, algunos legisladores admiten no haber leído completas. La iniciativa, que busca flexibilizar restricciones para actividades productivas en zonas sensibles, consiguió dictamen en tiempo récord y quedó lista para ser tratada en el recinto, en un clima donde la velocidad parece ser la principal estrategia.
Desde el entorno parlamentario se deslizó que “no hay margen para frenar el desarrollo por cuestiones abstractas”, una frase que habría circulado entre asesores mientras se negociaban votos con bloques dialoguistas. En paralelo, especialistas en derecho ambiental advierten que la reforma podría vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país. “Es una ley que nace judicializada”, habría comentado un constitucionalista consultado por radios porteñas, anticipando una lluvia de amparos apenas se apruebe.
En el oficialismo minimizan el ruido. Un diputado cercano al Ejecutivo sostuvo en reserva que “toda ley importante genera resistencia”, y que las críticas responden más a “intereses sectoriales” que a preocupaciones genuinas. Sin embargo, en los pasillos del Congreso algunos aliados reconocen incomodidad: “Nos piden votar rápido algo que puede traer costos políticos después”, admitió un legislador que acompañaría el proyecto “con reparos”, una categoría que en la práctica suele significar levantar la mano y mirar al techo.
Mientras tanto, organizaciones ambientalistas preparan presentaciones judiciales y campañas públicas para frenar la reforma. En redes y medios especializados ya circulan advertencias sobre el impacto en reservas estratégicas de agua dulce. Pero en el tablero político inmediato, la ecuación parece otra: números justos, tiempos acelerados y una convicción que, según admiten incluso dentro del propio oficialismo, se sostiene más en la necesidad de mostrar avance que en la solidez del texto. Porque si algo sobra en el Congreso estos días, no es consenso: es apuro.