La causa que tiene contra las cuerdas al ex juez federal Marcelo Bailaque empezó como un expediente más sobre extorsiones a financistas rosarinos. Ahora amenaza con convertirse en una bomba política para Santa Fe. Los fiscales de la Procelac abrieron una investigación preliminar contra el ex ministro de Justicia socialista Ricardo Silberstein y contra Héctor Marchi, histórico administrador de la Corte Suprema nacional y hombre ligado a Ricardo Lorenzetti. El expediente ya mezcla arrepentidos, audios, operadores judiciales y sospechas de armado de causas para presionar empresarios. Rosario, esa ciudad donde la política, los tribunales y los negocios suelen compartir sobremesa. Una tradición local más estable que el transporte público. ()
La investigación gira alrededor de las declaraciones del ex titular regional de AFIP Carlos Vaudagna, quien admitió haber participado junto a Bailaque, el financista Fernando Whpei y el lobista judicial Santiago Busaniche en una maniobra para impulsar una causa penal contra dos agentes bursátiles rosarinos. Según esa declaración, detrás de la operación aparecían presiones desde Buenos Aires y nombres pesados del ecosistema judicial santafesino. Entre ellos, Marchi. También quedó bajo sospecha Silberstein, ex ministro de Miguel Lifschitz y figura histórica del socialismo rosarino, señalado por supuestos intereses vinculados a la aseguradora San Cristóbal. ()
En los tribunales federales de Rosario ya hablan de un “sistema de protección cruzada” donde jueces, ex funcionarios y operadores se movían con una familiaridad incómoda incluso para la política santafesina. La aparición de Silberstein golpea especialmente porque fue durante años uno de los cuadros técnicos más respetados del Frente Progresista. En el entorno del ex ministro rechazan cualquier vínculo con maniobras ilegales y denuncian una “operación”. El problema es que, cuando en una causa aparecen arrepentidos, teléfonos secuestrados, chats y nombres repetidos durante meses, la palabra “operación” empieza a sonar más a control de daños que a defensa jurídica. ()
La situación inquieta al gobierno provincial porque el caso vuelve a instalar una discusión incómoda para la política santafesina: la convivencia histórica entre sectores del poder judicial, estudios jurídicos influyentes y operadores con llegada transversal a distintos gobiernos. En Rosario recuerdan que Bailaque acumuló durante años denuncias y cuestionamientos sin que nadie lograra correrlo. Ahora, con el ex magistrado procesado y enfrentando pedidos de prisión, el expediente amenaza con arrastrar nombres que hasta hace poco circulaban por universidades, ministerios y directorios empresarios como parte del paisaje natural del poder local. ()
Mientras tanto, en Santa Fe intentan bajar el tono. Nadie quiere otra crisis institucional en una provincia donde el narcotráfico ya erosionó bastante la credibilidad del sistema judicial. El problema es que las causas federales tienen esa costumbre desagradable de seguir creciendo cuando aparecen arrepentidos buscando salvarse. Una dinámica muy argentina: todos se conocen, nadie sabe nada y después aparecen veinte chats, siete audios y un asado que explica media estructura del poder.