La promesa de “poner en caja” la economía empezó a mostrar su costado más incómodo: los jubilados. Distintos cálculos que circulan en el sistema previsional indican que, desde diciembre, los haberes habrían perdido cerca de un 20% de su poder de compra. En paralelo, se habla de una poda indirecta que rondaría los $130.000 mensuales por beneficiario, producto de una combinación de inflación desatada y actualizaciones que corren siempre desde atrás. En los pasillos oficiales no lo dicen así, claro, pero tampoco se esfuerzan demasiado en desmentirlo.
El argumento formal es conocido: no hay plata, hay que ordenar, primero el equilibrio y después el resto. En ese esquema, los bonos aparecen como parche de emergencia, útiles para la foto pero insuficientes frente a precios que siguen corriendo más rápido que cualquier decreto. Economistas incluso cercanos al oficialismo admiten en voz baja que la “licuación” de jubilaciones es uno de los pilares invisibles del ajuste, una especie de variable de corrección automática que evita recortes más visibles en otras áreas.
En la vida real, la matemática es bastante menos elegante. Marta, jubilada, resume el panorama con una lógica brutal: “Antes discutía precios, ahora directamente dejo cosas en la góndola”. Carlos, que trabajó décadas en una metalúrgica, cuenta que empezó a recortar medicamentos: “Te dicen que hay que aguantar, pero el cuerpo no negocia con el Excel”. En centros de jubilados se multiplican las historias de gente que vuelve a buscar changas, vende pertenencias o depende otra vez de hijos que tampoco llegan tranquilos a fin de mes.
El resultado es una postal conocida pero cada vez más explícita: jubilaciones que se achican en términos reales mientras el ajuste avanza con prolijidad quirúrgica. En la superficie, números que empiezan a cerrar; abajo, una generación que descubre que el famoso “sacrificio necesario” tiene destinatarios bastante concretos. Y, como suele pasar, no son los que escriben las planillas.