Después de una sesión maratónica y negociaciones de pasillo que incluyeron llamados directos desde Balcarce 50, el oficialismo logró aprobar en el Senado la reforma laboral y le dio a Javier Milei uno de sus triunfos políticos más importantes desde que asumió. El texto final, más moderado que el borrador original libertario, avanzó igual sobre puntos sensibles del modelo sindical: habilita acuerdos por empresa, flexibiliza jornadas, abarata despidos y redefine el alcance del derecho de huelga. Gobernadores dialoguistas lograron suavizar algunos artículos para proteger recursos provinciales, pero no evitaron que la ley impacte de lleno en el corazón del sistema gremial.
Mientras en los despachos se respiraba alivio, afuera del Congreso hubo enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, con gases, corridas y detenidos. En la CGT hablan de retroceso histórico y ya circulan borradores de planes de lucha, aunque por ahora evitan ponerle fecha a un paro general. En el Senado, varios votos se cerraron sobre la hora: legisladores oficialistas que dudaban terminaron alineándose tras recibir garantías políticas para sus distritos, en una operación quirúrgica comandada desde la Casa Rosada que incluyó promesas de obras y gestos presupuestarios.
En el Gobierno celebran la reforma como un cambio estructural y repiten que apunta a terminar con la industria del juicio laboral y destrabar inversiones. Cerca de Milei admiten que este es apenas el primer capítulo y que la intención es redefinir de fondo la relación entre empresas y trabajadores. Ahora el proyecto pasa a Diputados, donde el oficialismo confía en acelerar la aprobación, mientras el sindicalismo recalienta motores y el clima social suma tensión. La apuesta está hecha: el Presidente eligió avanzar, aun sabiendo que el costo político recién empieza a mostrarse.