En España, la eutanasia es legal desde 2021, pero el acceso real parece depender menos de la ley que de la tolerancia al papeleo. El procedimiento incluye dos solicitudes separadas, la validación de médicos independientes y el aval de una comisión autonómica. Todo pensado para evitar abusos, aunque en el camino —según coinciden testimonios— también se evita, a veces, la rapidez. “Mi madre cumplía todos los requisitos, pero el proceso se alargó más de lo que su cuerpo podía soportar”, habría relatado un hombre en declaraciones recogidas por medios regionales.
Las diferencias entre comunidades autónomas también suman ruido. Datos del Ministerio de Sanidad reflejan que los tiempos de resolución varían según el territorio, y que no todos los expedientes avanzan al mismo ritmo. Desde la organización Derecho a Morir Dignamente vienen señalando que la aplicación es “desigual”. Traducido: hay lugares donde el trámite fluye y otros donde se queda atascado. “No puede ser que el acceso dependa del código postal; estamos hablando de un derecho reconocido”, habría advertido un portavoz de la asociación en una entrevista reciente.
Entre profesionales sanitarios, el malestar también aparece en voz baja. “El procedimiento está muy garantizado, sí, pero a veces resulta excesivamente lento para situaciones que son urgentes por definición”, habría explicado un médico de un hospital público madrileño. En algunos casos, aseguran, el proceso obliga a los pacientes a sostener una decisión que ya está tomada desde hace tiempo, pero que debe ser confirmada una y otra vez ante distintas instancias.
El caso de Noelia Castillo volvió a condensar esa tensión entre derecho y realidad. Desde el Gobierno se insiste en que el modelo español es uno de los más garantistas del mundo, con controles diseñados para evitar errores irreversibles. Mientras tanto, familiares y pacientes describen otra escena: la de un sistema que, en su afán de asegurarse de todo, parece olvidar que hay decisiones que llegan tarde aunque estén perfectamente aprobadas. En España, incluso el final tiene su expediente en trámite.