La investigación, que tomó estado público tras la difusión del caso en TN, derivó en una serie de operativos coordinados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en viviendas de Quilmes y Berazategui. Según fuentes judiciales, las víctimas eran captadas mediante falsas ofertas laborales y luego obligadas a ejercer la prostitución. Les retenían documentación, controlaban sus movimientos y les exigían entregar el dinero obtenido.
Durante los procedimientos fueron detenidas varias personas señaladas como responsables de la organización. Además, se secuestraron sumas de dinero en efectivo, preservativos, cuadernos con anotaciones de “turnos” y múltiples teléfonos celulares que ahora serán peritados para reconstruir la trama completa. En los despachos federales no descartan que existan más víctimas y posibles conexiones con otros puntos del conurbano.
Pero el expediente rápidamente dejó de ser solo policial. En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre denuncias previas que no habrían prosperado y supuestas advertencias ignoradas. Desde sectores opositores deslizan que el funcionamiento de la red durante meses en zonas urbanas consolidadas “no podría explicarse sin algún nivel de tolerancia”, una afirmación que por ahora no figura en la causa, pero que ya instaló ruido político.
Desde los municipios evitaron declaraciones extensas y remarcaron que la investigación depende de fuerzas provinciales y federales. Puertas adentro, admiten que el impacto mediático preocupa: en el sur del conurbano, un caso policial de alto voltaje puede convertirse, en cuestión de horas, en una pieza más del ajedrez electoral.