En Almirante Brown, la seguridad parece funcionar mejor en los anuncios oficiales que en las páginas policiales. Uno de los episodios más brutales ocurrió en marzo de 2022, cuando Víctor Manuel Giménez, un exconvicto de 46 años que llevaba apenas quince días en libertad, fue acribillado en la esquina de Manuel Araujo y Río Primero, en el barrio Don Orione, de Claypole. El hombre discutía con dos individuos cuando sus interlocutores decidieron clausurar el intercambio de opiniones mediante un procedimiento bastante menos democrático: sacaron armas y comenzaron a dispararle. Giménez recibió tres impactos de bala, uno en el cuello y dos en el tórax. Los asesinos escaparon y dejaron sobre el pavimento vainas de distintos calibres. La principal hipótesis fue una venganza. El Estado, que había tenido al hombre preso hasta dos semanas antes, volvió a intervenir cuando ya estaba muerto.
El homicidio no quedó como una excepcionalidad dentro de la historia reciente del barrio. En junio de 2025, Sebastián Roberto Juárez, de 39 años, también fue asesinado a balazos en Don Orione, en un episodio por el que resultó detenido su hijastro adolescente. Y en marzo de 2026, otro crimen conmocionó a Almirante Brown: Roberto Antonio Peralta, un almacenero de 75 años, recibió disparos dentro de su comercio y murió después de ser trasladado al hospital. En este último caso hubo detenidos gracias a una investigación que incluyó cámaras de seguridad. Son hechos diferentes, con móviles y circunstancias distintas, pero forman parte de una sucesión de episodios violentos que obligan a preguntarse cuánto de la prevención municipal funciona antes de que alguien apriete el gatillo.
La gestión de Juan José Fabiani, continuadora del esquema político de Mariano Cascallares, insiste en exhibir su infraestructura de seguridad. Más de dos mil cámaras de monitoreo, móviles policiales, alarmas comunitarias, tótems y operativos de saturación integran el repertorio oficial. En febrero y julio de 2026, el propio Don Orione fue escenario de nuevos despliegues preventivos. El inconveniente es que la acumulación de dispositivos y fotografías institucionales no equivale, por sí sola, a una demostración de eficacia. Los comunicados suelen contabilizar patrulleros y tecnología con admirable precisión; bastante menos frecuente resulta encontrar evaluaciones públicas que permitan establecer cuánto consiguieron reducir los delitos violentos en los barrios intervenidos.
La responsabilidad penal de cada asesinato corresponde a sus autores, pero la discusión sobre la prevención también alcanza a quienes administran los recursos municipales. Fabiani y Cascallares llevan años compartiendo el control político de Almirante Brown, con alternancias de cargos que no modificaron sustancialmente la continuidad del proyecto de gobierno. Esa permanencia debería facilitar la evaluación de resultados, no convertirse en una excusa para seguir anunciando soluciones. Porque después de tantos operativos, tantas cámaras y tantas declaraciones sobre el compromiso con los vecinos, la pregunta resulta bastante incómoda: ¿cuántas veces más tendrá que aparecer un cadáver en una calle del distrito para que la seguridad deje de medirse por la cantidad de dispositivos instalados y empiece a medirse por sus resultados?