La provincia de Buenos Aires consiguió una nueva proeza administrativa: tener trabajadores encargados de sostener servicios públicos con básicos que, en algunos distritos, rondan los $150.000. El caso más brutal señalado por los gremios es Merlo. Esa cifra representa menos del 40% del salario mínimo nacional vigente y ni siquiera alcanza a cubrir la décima parte de los $1.564.716 que necesitó una familia de cuatro integrantes para no ser pobre en julio. El sueldo de bolsillo puede engordar con adicionales, horas extras y bonificaciones, pero el básico revela el esqueleto del sistema: empleados públicos con ingresos de supervivencia y funcionarios que todavía conservan fuerzas para inaugurar carteles.
La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses comenzó a organizar el conflicto por regiones y ya realizó plenarios en el norte y el oeste del Conurbano, con representantes de distritos como La Matanza, Morón, Merlo, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Luján y General Rodríguez. El despliegue continuará por el sur, el centro y la costa bonaerense. Todavía no existe un cronograma cerrado, pero se anticiparon acciones sorpresivas y nuevas modalidades de protesta que podrían extenderse durante el verano. La idea no es organizar un paro decorativo para la foto gremial, sino convertir el reclamo en parte estable del paisaje municipal, junto con los baches, las tasas y las promesas de recomposición que vencen antes de cobrarse.
Las paritarias se negocian municipio por municipio, una fragmentación que transformó el salario en una lotería geográfica: el mismo trabajo puede permitir vivir en un distrito y apenas financiar el viaje hasta la oficina en otro. Los intendentes alegan caída de la recaudación y menores recursos; los sindicatos responden que el ajuste terminó descargado sobre quienes barren, atienden, inspeccionan, manejan ambulancias y sostienen la maquinaria comunal. Por eso FESIMUBO elevó la presión sobre Axel Kicillof y exigió al ministro de Trabajo, Walter Correa, que convoque al Consejo del Empleo Municipal, creado por la Ley 14.656 para elaborar estadísticas, comparar escalas y proponer criterios comunes. El organismo es consultivo y no vinculante, pero lleva una década sin ser convocado: existe, tiene funciones y hasta una integración prevista; sólo le falta ese detalle burocrático extravagante llamado funcionar.
El conflicto deja a Kicillof ante una encerrona incómoda: intervenir implica sentar en una misma mesa a intendentes —muchos de su propio espacio— que administran cajas muy diferentes; permanecer inmóvil significa aceptar que la Provincia puede coordinar 135 campañas electorales, pero no una discusión sobre salarios de indigencia. Si no aparecen respuestas, cada sindicato definirá medidas en su distrito y la pelea podría trasladarse a la atención administrativa y los servicios cotidianos. Entonces comenzará el deporte favorito del Estado argentino: los municipios culparán a la Provincia, la Provincia señalará a la Nación y el trabajador seguirá buscando su sueldo, probablemente debajo de la línea de pobreza.