En medio de una agenda atravesada por la inseguridad en el conurbano, la intendente de Moreno, Mariel Fernández, volvió a ponerse al frente de una nueva reunión de la Mesa de Política Criminal, un espacio que, según comunicaron oficialmente, busca coordinar acciones entre el municipio, la Justicia y las fuerzas de seguridad. La foto institucional circuló rápido en redes y portales, con un mensaje claro: conducción política en un tema sensible.
Sin embargo, por debajo del comunicado prolijo, en despachos judiciales y sectores políticos locales se desliza otra lectura. Según trascendió, el margen real de intervención del municipio sería limitado y muchas de las decisiones estratégicas seguirían dependiendo de instancias provinciales. En ese contexto, algunos actores interpretan estas reuniones más como gestos de posicionamiento que como ámbitos efectivos de resolución.
El encuentro habría contado con representantes del Poder Judicial, fiscales y autoridades policiales, en una mesa que se repite periódicamente. Aunque desde el entorno de la intendenta destacan la “articulación permanente”, voces críticas señalan que la dinámica no habría logrado, hasta ahora, traducirse en cambios visibles en el territorio. “Se conversa mucho, pero los resultados no bajan”, habría comentado un operador con llegada a tribunales.
En redes sociales, donde la seguridad suele escalar rápido como tema de agenda, la difusión del encuentro generó reacciones divididas. Mientras sectores afines celebraron la iniciativa, también circularon cuestionamientos sobre la efectividad de estos espacios. En un distrito donde la demanda por respuestas concretas no da tregua, la escena dejó una pregunta flotando: cuánto de gestión real y cuánto de puesta en escena hay en la mesa que intenta ordenar la política criminal local.