Mientras el Gobierno nacional insiste en que “el mercado acomoda todo”, la intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada bonaerense Mayra Mendoza llevó a un escenario internacional una postal bastante menos épica de la Argentina libertaria: alquileres que consumen hasta el 70% del salario, obras frenadas y un acceso a la vivienda convertido en lujo aspiracional, casi como comprarse un departamento en Puerto Madero cobrando en pesos.
La dirigente camporista expuso en Bakú, capital de Azerbaiyán, durante el Foro Urbano Mundial organizado por ONU-Hábitat, donde compartió panel con representantes de gobiernos locales y organismos internacionales. Allí aseguró que “tener una vivienda digna y segura se transformó en un privilegio para muy pocos” y vinculó la crisis habitacional con la paralización de la inversión pública y el retroceso del Estado en infraestructura urbana.
El mensaje cayó en un momento incómodo para la Casa Rosada. Desde la llegada de Javier Milei, el Gobierno frenó buena parte de la obra pública nacional bajo la lógica de que “no hay plata”, una doctrina fiscal que entusiasma a economistas de X y deprime bastante más a quienes viven en barrios sin cloacas, sin asfalto y con alquileres indexados por la crueldad cósmica del mercado inmobiliario argentino. En paralelo, gobernadores e intendentes vienen reclamando recursos para sostener proyectos urbanos y de vivienda que quedaron virtualmente congelados.
En su intervención, Mendoza también habló de “desigualdad urbana” y de la necesidad de pensar ciudades “más justas y resilientes”. Traducido al castellano del conurbano: barrios donde la gente pueda vivir sin endeudarse para pagar un monoambiente o cruzar calles convertidas en lagunas cada vez que llueve dos horas seguidas. La intendenta en uso de licencia aprovechó además para mostrarse en una agenda internacional vinculada al urbanismo y el desarrollo sostenible, un terreno donde el peronismo bonaerense busca diferenciarse de un oficialismo nacional más interesado en dinamitar ministerios que en planificar ciudades.
En Quilmes, cerca de 72 barrios populares concentran problemas estructurales de acceso a servicios básicos, vivienda e infraestructura. El dato reaparece cada vez que algún dirigente libertario explica, desde un estudio de streaming con luces violetas, que la solución llegará sola gracias a las “fuerzas del mercado”. Mientras tanto, millones de argentinos siguen esperando que la mano invisible también les firme una garantía propietaria.