Manuel Adorni intentó irse por la puerta de la épica libertaria, pero terminó saliendo por el subsuelo de la sobreactuación. Su renuncia a la Jefatura de Gabinete, presentada como un gesto de dignidad frente a los “ataques mediáticos”, incluyó una larga lista de aclaraciones preventivas sobre viajes, gastos suntuosos, contratos de su esposa, mansiones, autos y otros fantasmas administrativos que, curiosamente, no estaban en el centro formal de las acusaciones. La carta quiso apagar el incendio, pero llegó con bidón propio. Una delicadeza comunicacional, como tirarse al río para no mojarse.
El exvocero, convertido en jefe de ministros y luego en problema político de máxima exposición, dejó el Gobierno acorralado por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, activos no declarados, uso de recursos oficiales y gastos incompatibles con sus ingresos. Mientras Javier Milei sostenía públicamente su confianza en él, la Casa Rosada ya calculaba daños: la permanencia de Adorni había empezado a trabar acuerdos en el Congreso, incomodar a aliados y convertir cada explicación oficial en un acto de fe. Y la fe, como se sabe, no suele resistir una declaración jurada mal explicada.
La postal es todavía más incómoda por el contexto. Mientras el Gobierno presume orden macroeconómico, la calle mira otra película: inflación acumulada, servicios que no aflojan, alimentos que siguen empujando la canasta y una familia tipo que necesita cerca de $1.500.000 para no ser pobre. En ese país de changuitos flacos, changas eternas y alquileres con complejo de emirato, el funcionario que hablaba de austeridad terminó envuelto en preguntas sobre patrimonio, viajes, propiedades y cargos premium. La motosierra, por lo visto, corta siempre hacia abajo; arriba apenas despeina.
La salida tampoco cerró del todo el capítulo YPF. Adorni había sido designado director titular Clase A de la petrolera con acción de oro, un lugar estratégico y de remuneración millonaria, aunque desde el Gobierno dejaron trascender que también abandonaría ese cargo. La sola discusión alcanzó para alimentar la bronca opositora: mientras millones ajustan la comida, la luz y el colectivo, en Balcarce 50 se discutía si el exfuncionario caído conservaría o no una silla de lujo en una empresa con mayoría estatal. El liberalismo argentino siempre encuentra la forma de odiar al Estado desde un despacho estatal.
Milei reemplazó a Adorni con Diego Santilli y buscó ordenar la transición con una foto en Olivos junto a Karina Milei. La imagen pretendió transmitir control, pero dejó otra lectura: el Gobierno tuvo que recurrir a un dirigente del PRO para emparchar una crisis nacida en el corazón libertario. El relato de la casta, otra vez, chocó contra la administración real. Porque una cosa es gritar contra “los políticos de siempre” en campaña y otra muy distinta es gobernar sin terminar llamándolos cuando la casa empieza a llenarse de humo.
La renuncia de Adorni quiso ser un cierre elegante, pero quedó como síntesis del momento libertario: épica en redes, daño institucional en la vida real y una economía que sigue empujando a los hogares al límite mientras el poder discute su propio manual de supervivencia. El exjefe de Gabinete se fue diciendo que lo acusaban de casi todo. El problema para el Gobierno es que, en una Argentina cansada de pagar siempre la cuenta, ya no hace falta acusar demasiado: alcanza con mirar alrededor.