El 4 de enero de 2022, Flavia Ochoa recibió la tercera dosis contra el Covid en Coronel Moldes, Córdoba, y comenzó el capítulo más brutal de su vida. Horas después aparecieron calambres y dolores musculares insoportables. A la mañana siguiente intentó levantarse para ir a trabajar, cayó desplomada junto a la cama y descubrió que ya no podía mover los brazos ni las piernas. Fue trasladada a Río Cuarto, sometida a estudios y diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré y cuadriparesia. La vacunación había demorado unos segundos; la catástrofe, apenas un día en presentar su factura.
El cuadro exigió gammaglobulina, dexametasona y una rehabilitación interminable. Primero necesitó una silla de ruedas y luego consiguió desplazarse con andador, mientras convivía con dolores intensos, agotamiento y sesiones de recuperación tres veces por semana. Su historia clínica, los certificados neurológicos, el Certificado Único de Discapacidad y una evaluación oficial determinaron una incapacidad laboral permanente del 75,6%. El síndrome fue informado de manera excepcional después de la aplicación de AstraZeneca, aunque establecer si la vacuna provocó este caso concreto será el corazón de una batalla judicial donde la medicina habla de probabilidades y los abogados, como siempre, traducen el sufrimiento a números.
Ochoa demandó a AstraZeneca y al Estado nacional por incapacidad sobreviniente, daño moral, gastos, pérdida de su proyecto de vida y daño punitivo. Antes había recurrido al Fondo de Reparación creado para atender eventuales perjuicios de las vacunas, pero el reclamo fue rechazado porque no se consideró demostrado el nexo causal. Ahora impugna esa conclusión, cuestiona aspectos de la legislación dictada durante la pandemia y exige que alguien responda por una vida partida al medio. La Justicia deberá resolver si hubo relación directa y quién debe pagar: el pinchazo fue inmediato; para la indemnización, naturalmente, apareció la paciencia infinita del Estado.