El operativo empezó tres días antes y con la cortesía de una encomienda. El viernes 7 de agosto, un hombre que se presentó como empleado del Correo Argentino tocó la puerta de una vivienda del barrio Monte Grande y anunció que llevaba un paquete a nombre de su dueño. El destinatario no había comprado nada ni esperaba recibir nada. Finalmente, el supuesto cartero se marchó porque el número de documento no coincidía. La familia sospecha ahora que aquella visita pudo haber servido para verificar el domicilio. El lunes 10, cuando el hombre salió de su casa, un policía vestido de civil que aguardaba dentro de un automóvil sin identificación lo interceptó en la calle. Minutos después llegó una camioneta con efectivos federales enviados desde Buenos Aires y Villa María. Podría haber sido una coincidencia. También podría haber sido inteligencia previa. La diferencia, por ahora, duerme dentro de un expediente reservado, ese lugar donde el Estado acostumbra guardar sus explicaciones cuando todavía no resultan presentables.
Entre las dos y las seis de la tarde, los agentes revisaron la vivienda, secuestraron el teléfono celular y fotografiaron al hombre desde distintos ángulos. Después lo sacaron esposado ante la mirada de los vecinos. Su esposa lo esperaba junto al bebé de ambos y sus otros hijos estaban en la escuela. La familia y quienes viven en el barrio lo describieron como un padre sin antecedentes, aunque para la maquinaria federal ya era material suficiente para un despliegue digno de una célula terrorista con sucursal en Córdoba. Fue trasladado hasta Villa María, revisado en un hospital, fichado y sometido a distintas actuaciones. Cerca de las diez de la noche recuperó la libertad, pero no su teléfono. Terminó comunicándose con su familia gracias a la dueña de un kiosco. Según su relato, algunos de los propios policías incluso le habrían pedido disculpas. El pequeño inconveniente es que la causa continúa abierta, el aparato permanece bajo peritaje y todavía podría ser citado a indagatoria. En la Argentina libertaria, la presunción de inocencia parece conservar buena salud: simplemente llega después del allanamiento.
La acusación tiene, hasta ahora, contornos convenientemente borrosos. Al hombre le habrían atribuido una amenaza de muerte contra una senadora nacional cuyo nombre no trascendió y a la que asegura no conocer. Tampoco se difundió públicamente el mensaje investigado, una captura de pantalla, el perfil desde el cual habría sido publicado ni la evidencia que permitió adjudicárselo. Su madre sostiene que apenas utiliza las redes para consultar información deportiva y hasta cree que él y su pareja votaron a Milei, una ironía demasiado perfecta para haber sido diseñada por la oposición. Su abogada, Lía Villafañe, pidió prudencia, proporcionalidad y respeto por las garantías constitucionales; además, señaló que la liberación demuestra que no se consideró necesaria una medida de coerción más severa. El contraste con otras detenciones recientes es brutal: días atrás, en Quilmes, la Federal arrestó a un hombre que había publicado un video con amenazas explícitas contra el Presidente, se presentaba como un supuesto sicario y tenía un arma de fabricación casera. En Río Tercero, en cambio, lo único exhibido hasta el momento fue el poder del Estado. La amenaza continúa invisible; las esposas fueron perfectamente reales.
El episodio tampoco ocurre en un desierto institucional. Desde 2024, el Ministerio de Seguridad cuenta con un protocolo de ciberpatrullaje y con una Unidad de Inteligencia Artificial habilitada para recorrer redes sociales, aplicaciones, páginas públicas y hasta la denominada “dark web”; comparar imágenes, analizar cámaras en tiempo real, detectar comportamientos sospechosos, construir perfiles y emplear algoritmos para anticipar futuros delitos. La reglamentación promete que esas herramientas no podrán utilizarse para perseguir opiniones políticas ni interferir con la libertad de expresión. No existe evidencia pública de que esa unidad haya intervenido en este caso, pero el arresto funciona como una demostración bastante pedagógica de lo que puede suceder cuando un posteo, un algoritmo, una denuncia o un posible error de identidad entran juntos en una oficina policial. Si existió una amenaza concreta, deberá probarse ante la Justicia. Si todo fue una equivocación, el escenario es todavía más inquietante: significaría que alcanza una asociación digital dudosa para que aparezcan un supuesto cartero, un agente de civil, una camioneta federal y cuatro horas de allanamiento. El Gobierno no necesita clausurar las redes sociales. Le basta con llevarse a un vecino y quedarse con su teléfono. Del resto se ocupa el miedo, que además trabaja gratis.