Polémica por un contrato cultural de $22 millones: un tuit viral puso en el centro de la escena a la editora Joanna D’Alessio

La difusión de una resolución del Gobierno porteño sobre “servicios artísticos” para un festival de verano encendió una discusión incómoda. La responsable de las editoriales Vinilo y Ralenti defendió el proyecto en un hilo, mientras en redes se preguntan si cuatro jornadas culturales valen esa cifra.

Todo empezó con algo que suele tener efectos curiosos en internet: un documento oficial. El usuario de X Dr. Cerebro (@AguanteCerebro) publicó la captura de una resolución del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde figura un contrato por $22 millones destinado a “servicios artísticos y culturales – dirección y producción artística” en el marco del programa Verano en la Ciudad. En el expediente aparece como contratada la Asociación Civil Runakay Kudaw, representada por Joanna D’Alessio, editora vinculada a los sellos independientes Vinilo y Ralenti.

El posteo venía acompañado por una pregunta breve, casi inocente: si esos 22 millones los había cobrado la propia editora o “una homónima”. La ironía fue suficiente para que el documento empezara a circular. En pocas horas, el número —redondo y fácil de recordar— ya viajaba por capturas, retuits y comentarios donde muchos usuarios descubrían, con cierto asombro, cuánto puede costar un paquete de “servicios artísticos” cuando aparece en una resolución administrativa.

D’Alessio respondió con un hilo en el que explicó que el contrato corresponde a itinerancias artísticas realizadas durante cuatro jornadas de un festival de verano organizado por la Ciudad. También detalló que el trabajo se realizó a través de Casa Sofía, espacio cultural asociado a la organización mencionada en el documento. En su defensa recordó que el proyecto forma parte de un trabajo sostenido durante años, mencionó más de 70 iniciativas financiadas por distintas líneas nacionales e internacionales y destacó actividades culturales gratuitas en barrios vulnerados.

La discusión, sin embargo, tomó otro rumbo. Porque más allá de las explicaciones técnicas, el dato que quedó flotando en la conversación fue otro: $22 millones para cuatro jornadas de itinerancias culturales. En la siempre implacable economía de las redes, donde los números suelen leerse sin demasiada paciencia por la letra chica, la pregunta terminó apareciendo sola: si el contrato está perfectamente en regla, la duda ahora es más simple —y quizá más incómoda—. Si realmente hacía falta gastar esa plata en eso.

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