El supuesto milagro libertario llegó a las provincias con una noticia conocida: hay más departamentos disponibles, pero alquilar cuesta cada vez más. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, los valores de los dos ambientes subieron un 44% y los de tres ambientes avanzaron un 47,9%, muy por encima de la inflación interanual del 33,2%. La motosierra logró bajar algunos indicadores en las planillas oficiales, aunque todavía no consiguió entrar a una inmobiliaria sin salir convertida en expensas.
El golpe ya no pertenece solamente a Buenos Aires. Neuquén quedó al frente del ranking de las ciudades más caras, empujada por la actividad petrolera y una demanda que transformó departamentos modestos en pequeños yacimientos inmobiliarios. Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe y Bahía Blanca completan una lista donde conseguir una vivienda familiar por menos de un millón de pesos empieza a requerir contactos, paciencia y cierta disposición al realismo mágico.
La paradoja resulta especialmente incómoda para la narrativa del Gobierno. La derogación de la Ley de Alquileres fue presentada como la puerta de entrada a un mercado abundante, competitivo y razonable. La oferta, en efecto, creció entre 44% y 48%. Los precios, sin embargo, también. El mercado se llenó de propiedades mientras miles de familias descubrieron que la libertad contractual consiste, básicamente, en elegir entre aceptar aumentos imposibles o mudarse con una dignidad cuidadosamente embalada en cajas.
El problema se agrava lejos del centro político y mediático, donde los salarios suelen ser más bajos y las alternativas habitacionales mucho más escasas. Para una familia de cuatro integrantes, el costo de un alquiler puede absorber buena parte de los ingresos antes de pagar comida, transporte, servicios o cualquier otro lujo de la vida contemporánea, como calefaccionarse en invierno. El Gobierno celebra la desregulación como una victoria ideológica. En las provincias, mientras tanto, los inquilinos pagan la entrada al experimento.