En el remate de los restos de Garbarino apareció alguien que también quiere cobrar por haber perdido el trabajo: Carlos Rosales, el empresario que compró la cadena en 2020. Mientras los exempleados esperan recuperar una parte de lo que les deben, el último dueño presentó un reclamo laboral por salarios e indemnización. Después de compartir la incertidumbre sobre cuándo cobrarán, ahora deberán compartir la fila con quien estaba del otro lado del escritorio.
La presentación reclama unos 135 millones de pesos por seis meses de remuneraciones y otros 148 millones por indemnización y liquidación final. A eso suma aguinaldos, vacaciones e intereses. Rosales pretende que la Justicia reconozca sus créditos y habilite su pronto pago. La expresión tiene un atractivo especial para los empleados que llevan años esperando: descubrieron que, incluso dentro de una quiebra, hay distintas maneras de conjugar la urgencia.
El pedido provocó indignación entre los despedidos, que denuncian haber recibido pagos mensuales de apenas cientos de pesos mediante ese mismo mecanismo. Para ellos, los depósitos difícilmente alcanzaban para una compra de supermercado. El empresario, en cambio, presentó una cuenta que requiere varias líneas y nueve cifras. La condición de damnificado admite una amplitud presupuestaria considerable.
Mientras tanto, se liquidan muebles, estanterías, equipos y vehículos para afrontar las deudas. De una cadena que vendía electrodomésticos en todo el país quedan bienes desperdigados, acreedores y trabajadores haciendo cuentas. El dueño también hizo las suyas. En Garbarino se remata casi todo; las diferencias de categoría todavía conservan su valor.