General Rodríguez: Mauro García admitió que no puede cortar el pasto y pagará $10 millones a una cooperativa de Luján

La gestión reconoció por decreto que no tiene personal ni maquinaria suficientes para realizar tareas básicas de mantenimiento urbano en tres barrios. La solución fue una contratación directa con una cooperativa de otro distrito que ya había recibido otros $35 millones del municipio durante este año.

La Municipalidad de General Rodríguez formalizó que su Secretaría de Obras Públicas no cuenta con personal ni equipamiento suficientes para realizar tareas de desmalezamiento, limpieza y rectificación de zanjas y pluviales en los barrios Almirante Brown, Altos del Oeste y Güemes. La falta de capacidad operativa quedó asentada en el expediente 4050-265.258/26 y posteriormente en el Decreto 1.385, firmado por el intendente Mauro García y el secretario de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, Luciano Larralde.

Frente a esa situación, el gobierno municipal resolvió contratar en forma directa a la Cooperativa de Trabajo Flor de Maceta LTDA, con domicilio legal en Luján. Mediante el Decreto 1.449 se dispuso un desembolso de $10 millones para realizar los trabajos en los tres barrios. La contratación fue encuadrada en el régimen previsto para cooperativas y contó con intervención de las áreas municipales de Compras y Contaduría.

La documentación publicada, sin embargo, no precisa el plazo de ejecución, la duración de los trabajos, la cantidad de integrantes de las cuadrillas, la maquinaria que será utilizada ni un cronograma específico para cada barrio. Tampoco se trata del primer contrato de este tipo: durante 2026, Flor de Maceta ya había recibido otros $35 millones para mantenimiento de espacios verdes en establecimientos educativos, también después de que el municipio declarara que no tenía capacidad suficiente para realizar esas tareas con recursos propios.

Las dos adjudicaciones elevan a por lo menos $45 millones el monto destinado este año a la cooperativa. El episodio vuelve a poner en discusión la capacidad operativa del municipio para resolver servicios elementales con su propia estructura y los mecanismos elegidos para tercerizarlos. En este caso, la particularidad es difícil de pasar por alto: el Estado municipal admitió oficialmente que no tiene suficientes empleados ni máquinas para hacer el trabajo y terminó pagando millones para que lo haga una entidad radicada en otro partido.

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