La cuarta Marcha Federal Universitaria terminó convirtiéndose en algo más incómodo para la Casa Rosada que una simple protesta estudiantil. Mientras miles de personas copaban Plaza de Mayo y las principales ciudades del país para reclamar por el presupuesto educativo, en el Congreso empezó a quedar claro que Javier Milei ya no cuenta con los aliados suficientes para bloquear el conflicto. Hasta sectores del PRO y partidos provinciales salieron a respaldar el reclamo universitario. Sí, el mismo PRO que hace unos meses repetía “no hay plata” como si fuera un mantra budista administrado por consultores. Cosas que ocurren cuando el ajuste empieza a tocar hospitales, universidades y salarios docentes al mismo tiempo.
Según trascendió en despachos parlamentarios, el Gobierno analiza alternativas jurídicas y presupuestarias para evitar aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. En el entorno de Sandra Pettovello sostienen que la norma “quedó abstracta” porque el Presupuesto 2026 no incorporó las partidas reclamadas por las universidades. La explicación provocó ruido incluso entre dirigentes cercanos al oficialismo. La diputada Silvia Lospennato salió públicamente a reclamar que “las leyes y los fallos judiciales deben cumplirse”, mientras Mauricio Macri publicó un documento donde pidió atender las partidas de educación y salud.
El trasfondo económico explica parte de la tensión. Distintos informes universitarios sostienen que las transferencias a las casas de estudio cayeron más de 45% en términos reales desde 2023 y que los salarios docentes acumulan pérdidas históricas de poder adquisitivo. Rectores y gremios aseguran que varias universidades ya comenzaron a frenar obras, reducir programas y perder docentes por renuncias masivas. La UBA incluso denunció deudas millonarias para sostener hospitales universitarios y gastos básicos de funcionamiento.
En la Casa Rosada creen que el conflicto todavía puede administrarse judicialmente y apuestan a que la Corte Suprema termine dilatando la aplicación efectiva de la ley. Pero la foto política empezó a cambiar. Gobernadores ligados a espacios dialoguistas, dirigentes radicales y hasta sectores empresarios vinculados al sistema científico comenzaron a tomar distancia del ajuste. “El problema ya no es la falta de herramientas, sino la decisión política de no aplicarlas”, señalaron desde bloques provinciales que suelen garantizar el quórum en Diputados. En Balcarce 50 algunos funcionarios admiten en reserva que la marcha universitaria dejó algo peor que una plaza llena: dejó al Gobierno cada vez más solo.