El Gobierno nacional prepara una nueva excursión de Federico Sturzenegger por la legislación argentina, esa actividad consistente en encontrar una norma, declarar que impide la libertad y arrojarla por la ventana antes de averiguar para qué servía. El borrador oficial, de 144 páginas y todavía no presentado en el Congreso, propone derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, que desde 2001 establece un precio uniforme para cada libro. La promesa es la de siempre: más competencia, más descuentos y consumidores finalmente emancipados. También se prometió que el ajuste lo pagaría la casta y ya conocemos la notable capacidad poética de la administración libertaria.
La ley obliga a editores e importadores a fijar un mismo precio de venta al público, con excepciones para ferias, instituciones, organismos estatales, ejemplares usados, saldos y títulos fuera de catálogo. Su objetivo no es impedir que las librerías compitan, sino evitar que una cadena, un supermercado o una plataforma venda los títulos más populares a pérdida hasta fundir al comercio de barrio. Sin esa protección, Mercado Libre podría convertirse también en crítico literario, librero y árbitro del gusto nacional. Un avance importante: el algoritmo todavía no escribió una novela sobre su separación, pero todo llegará.
La teoría oficial sostiene que la desregulación abaratará los libros. En el corto plazo podría haber descuentos agresivos sobre best sellers, manuales escolares y novedades de circulación masiva. Después vendría la parte menos publicitada: las grandes empresas exigirían mejores condiciones a editoriales y distribuidoras, las librerías pequeñas perderían ventas y los títulos de menor rotación desaparecerían de las mesas. Una vez reducido el número de competidores, los precios volverían a subir. La libertad de mercado suele ser conmovedora hasta que el mercado queda en manos de cuatro tipos.
El Gobierno eligió, además, un sector que ya venía caminando hacia el cementerio con la dignidad de quien todavía debe asistir a una presentación en Palermo. Durante 2025 se registraron 36.942 títulos, un 17% más que el año anterior, pero la tirada total cayó de 52,6 millones a 34,6 millones de ejemplares. Nunca se habían anotado tantos libros ni se habían impreso tan pocos. La industria celebra una producción récord mientras numerosas novedades salen con menos de 600 copias y la autoedición supera los 6.000 títulos, generalmente con tiradas cercanas a los cien ejemplares: un libro para cada familiar, dos críticos y algún enemigo personal.
El retiro del Estado agravó el derrumbe. Las compras institucionales, los programas educativos y las ediciones públicas pasaron de representar el 29% de la tirada total a apenas el 5%. Al mismo tiempo, las ventas de las editoriales acumularon caídas superiores al 30% y las librerías perdieron cerca de una quinta parte de su facturación. En ese escenario, eliminar el precio uniforme no aparece como una modernización, sino como la elegante decisión de quitarle el respirador al paciente porque consume electricidad.
La derogación pondría en riesgo una cadena que incluye libreros, editores, distribuidores, imprentas, correctores, traductores, diseñadores y autores. Estos últimos son quienes habitualmente cobran tarde, poco o nunca, aunque reciben a cambio el privilegio de aparecer en una foto frente a doce personas y una copa de vino dudoso. El mercado editorial argentino no necesita ser idealizado: está concentrado, distribuye pésimo fuera de los grandes centros urbanos, liquida derechos con una creatividad contable extraordinaria y convierte demasiados libros en objetos caros, invisibles y destinados al depósito. Es una industria capaz de confundir bibliodiversidad con acumulación de novedades y prestigio con precarización.
Pero el proyecto libertario no pretende corregir nada de eso. No propone mejorar la distribución federal, transparentar las liquidaciones, abaratar el papel, ampliar el público lector ni garantizar que los autores cobren. Simplemente elimina la protección que impide que los actores más grandes devoren a los más chicos. La motosierra no distingue entre un privilegio corporativo y una librería atendida por dos personas que conocen su catálogo: para el Gobierno, ambas cosas producen el mismo irritante olor a regulación.
Las entidades del sector aseguran que nadie pidió modificar la ley y que tampoco fueron convocadas para discutir el proyecto. Editores, libreros, distribuidores y autores —una comunidad que normalmente necesita tres asambleas para acordar dónde poner una mesa— coinciden esta vez en el rechazo. La unidad debería servir como señal: cuando toda la industria editorial argentina consigue ponerse de acuerdo, quizá el peligro sea bastante más serio que el comunicado solemne con el que intenta explicarlo.
La Argentina puede terminar así con libros momentáneamente rebajados, menos librerías, catálogos más pobres y plataformas decidiendo qué merece circular. El Gobierno lo llamará libertad. Los grandes grupos lo llamarán oportunidad. Los escritores probablemente lo llamarán por teléfono a su editor, quien no atenderá porque todavía está revisando la liquidación del semestre anterior. La industria nacional del libro ya era un desastre; Milei parece decidido a demostrar que siempre puede ser peor.