David Elías Ojeda Vázquez salió del gimnasio y nunca llegó a su casa. Tenía apenas 22 años. Dos delincuentes lo siguieron, le dispararon por la espalda, le arrancaron la moto y desaparecieron. Otra vida pulverizada en segundos y otra familia condenada a esperar que alguien encuentre a los asesinos. Pero esta vez el crimen abrió algo más que un expediente policial: abrió la puerta de una bronca que José C. Paz venía cocinando desde hacía tiempo. Hubo cortes, neumáticos incendiados, gritos y una marcha que terminó frente a la Municipalidad. Y allí ocurrió el pequeño milagro de la política argentina: justo cuando los vecinos fueron a reclamarle al poder que tenían más cerca, el poder les explicó que debían mirar bastante más lejos.
La intendenta interina Lorena Espina, al frente del municipio mientras Mario Ishii disfruta de una licencia de la intendencia y de su nueva banca en el Senado bonaerense, salió a exigir que Axel Kicillof asuma la “total y completa responsabilidad” por la seguridad. Una frase magnífica por su precisión quirúrgica: total, completa y, sobre todo, ajena. El problema es que el mismo comunicado destinado a despegar al municipio termina describiendo un pequeño Pentágono paceño. Más de 250 agentes municipales, alrededor de 70 móviles, cámaras de vigilancia, Centro de Operaciones Municipal, patrullajes, controles, personal de tránsito y recursos comunales destinados incluso a mantener vehículos policiales. Una maquinaria formidable sobre el papel. Afuera del papel, Ojeda terminó muerto de un balazo y sus asesinos pudieron escapar.
Y no fue un rayo cayendo sobre un pueblo suizo. José C. Paz ya había acumulado otros episodios brutales. En enero, Javier Pairó fue asesinado para robarle la moto. Poco después, el agente penitenciario Javier Alberto Ávalos murió baleado mientras hacía repartos. Antes había sido asesinado el policía porteño Alexis Leguizamón durante otro intento de robo. Casos distintos, víctimas distintas y una misma geografía donde salir a trabajar, volver del gimnasio o estacionar una moto puede terminar convertido en una ruleta rusa suburbana. Frente a semejante sucesión, el municipio eligió una explicación institucionalmente impecable y políticamente providencial: la Policía Bonaerense depende de la Provincia. Es cierto. También es cierto que José C. Paz posee Secretaría de Seguridad, patrulla municipal, cámaras, móviles y cientos de agentes. Todos existen. Salvo, aparentemente, en el instante exacto en que hacen falta.
El crimen de Ojeda dejó así una escena difícil de maquillar incluso para una administración entrenada durante décadas en sobrevivir políticamente a casi cualquier cosa. Una familia enterrando a un chico de 22 años, vecinos incendiando cubiertas frente al municipio y autoridades enumerando patrulleros mientras explican por qué la responsabilidad pertenece a otro. Kicillof deberá responder por el funcionamiento de la Bonaerense. La gestión de José C. Paz tendrá que explicar algo bastante más terrenal: para qué sirve todo ese monumental dispositivo municipal de seguridad si, cuando un vecino termina muerto en la calle, lo más rápido que aparece es un comunicado.