La sede de Licencias de Conducir de Morón quedó en el centro de una polémica que mezcla burocracia, redes sociales, sospechas administrativas y una interna política que ya no disimula ni para tomar aire. La convocatoria circuló con formato de reclamo vecinal: vecinos autoconvocados fueron llamados a presentarse para exigir respuestas sobre la validez de las licencias emitidas durante el período en que Mabel Denti estuvo vinculada al área.
El planteo apunta a una supuesta irregularidad relacionada con la situación jubilatoria de Denti y con la firma de los registros durante una transición administrativa. La inquietud que se buscó instalar fue directa: si algunas licencias podían generar problemas legales para los vecinos. En un distrito donde sacar un turno ya exige más paciencia que renovar la fe democrática, la sola posibilidad de que un registro recién emitido quedara bajo sospecha alcanzó para encender la alarma.
Pero en la política moronense el episodio empezó a leerse menos como una preocupación espontánea y más como una maniobra con firma interna. En el Municipio apuntan a sectores del sabbatellismo y, en particular, a Mariano Spina, dirigente identificado con ese espacio y hermano de Diego Spina, uno de los nombres más asociados al armado histórico de Martín Sabbatella en Morón. No sería, entonces, apenas una protesta de vecinos preocupados, sino otro capítulo de la guerra subterránea que el viejo aparato sabbatellista mantiene contra la gestión de Lucas Ghi.
El apellido Spina no aparece en el vacío. Diego Spina fue señalado en publicaciones locales como un operador de confianza del sabbatellismo, en un esquema que todavía conserva terminales, lealtades y heridas abiertas dentro del peronismo de Morón. En ese ecosistema, cada conflicto administrativo puede transformarse en munición política: una licencia, una ventanilla, una jubilación mal comunicada o una firma en transición bastan para armar un incendio si del otro lado hay alguien dispuesto a tirar nafta.
Desde el oficialismo local sostienen que las licencias son válidas mientras el Ministerio de Transporte bonaerense no determine lo contrario, ya que el sistema provincial es el que habilita, registra y cruza la información correspondiente. También remarcan que, ante la salida jubilatoria de Denti, se avanzó con la delegación de firma a otra persona y que el período cuestionado habría sido breve. La discusión, según esa lectura, no pasaría por registros truchos ni por vecinos abandonados a su suerte, sino por una transición administrativa usada como excusa para golpear políticamente.
La sospecha central quedó instalada: detrás del reclamo por las licencias podría haber menos angustia ciudadana que cálculo interno. Y en Morón, donde el sabbatellismo perdió centralidad pero no capacidad de daño, el conflicto vuelve a exhibir una postal conocida: la gestión intenta ordenar, la oposición interna empuja desde las sombras y los vecinos terminan en el medio, preguntándose si su registro sirve para manejar o para protagonizar la próxima novela municipal.