El alquiler estaba por vencer, los préstamos se habían acumulado y la jubilación ya no alcanzaba para sostener la extravagancia de seguir viviendo bajo techo. Jorge Horacio Ortiz, de 75 años, y su esposa dejaron una carta y habrían decidido despedirse juntos. Pero el acuerdo terminó como casi todos los acuerdos en la Argentina de Javier Milei: uno pagó el costo completo y el otro quedó esperando explicaciones. Él murió; ella despertó casi dos días después junto al cuerpo.
En el departamento encontraron medicamentos y bebidas alcohólicas. La autopsia preliminar no detectó lesiones traumáticas ni indicios de la intervención de terceros, aunque los estudios toxicológicos deberán establecer qué consumió cada uno, en qué cantidad y a qué hora. No existe evidencia de que la mujer haya causado la muerte de Ortiz, pero la palabra “pacto” todavía necesita algunas aclaraciones: si ambos habían acordado exactamente lo mismo, ¿por qué solamente él cumplió hasta el final?
La mujer permanece internada bajo asistencia de Salud Mental y su testimonio será decisivo. Deberá reconstruir quién escribió la carta, cómo se repartieron los medicamentos y si alguno se arrepintió cuando todavía quedaba tiempo. En un país donde los jubilados fueron convertidos en material descartable del superávit, el bono quedó congelado y los alquileres fueron entregados a la misericordia del mercado, el matrimonio habría descubierto que financiar el mes siguiente era incluso más difícil que organizar su propia muerte.
La Justicia intentará determinar qué mató a Ortiz y por qué su esposa sobrevivió. El contexto, en cambio, exige bastante menos peritaje: dos adultos mayores aislados, acosados por las deudas y sin dinero para renovar el departamento. La carta no estaba firmada por Milei ni llevaba el sello del Ministerio de Economía, aunque el ajuste aparecía en cada renglón. La motosierra prometía cortar privilegios; en Cipolletti terminó cortando una despedida por la mitad.